El pasado mes de febrero se publicó de manera oficial la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la cual traspone la Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblower, que regula los comúnmente llamados canales de denuncias.
Esta nueva ley establece la obligación, a todas las empresas con más de 50 trabajadores y a todas las entidades públicas, de fijar un sistema interno de información, a través del cual los empleados puedan informar sobre todas las vulneraciones del ordenamiento jurídico que se produzcan en el escenario de una relación profesional laboral.
Son numerosos los cambios que deberán llevarse a cabo por parte de las compañías para garantizar su cumplimiento. Por ello, si quieres saber de qué se trata, a qué empresas les afecta, el plazo de implantación y las sanciones por su incumplimiento, a continuación, te dejamos toda la información.
¿Qué es la directiva Whistleblower?
La directiva Whistleblower es una iniciativa de la Unión Europea y una trasposición de ley en la normativa española, que nace con el objetivo de proteger a las personas que informen sobre infracciones, delitos o irregularidades que se produzcan dentro de las empresas que pertenezcan a la Unión Europea.
Concretamente, esta Ley indica la obligación de disponer de un sistema interno de información a través del cual los trabajadores puedan informar de manera anónima sobre acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción del derecho de la Unión Europea o de infracción penal administrativa grave o muy grave de la normativa interna española, fomentando de esta manera una cultura empresarial basada en la legalidad, la prevención y detección de acciones ilegales en fases tempranas.
▶️ ¿Cómo funciona?
Las comunicaciones de las infracciones o irregularidades se podrán canalizar a través de canales de información que deben de estar diseñados para permitir presentar comunicaciones por escrito, de forma verbal o de las dos formas, garantizando en todo momento la confidencialidad de la identidad del informante, así como de posibles terceros involucrados.
Además, la Ley establece como indispensable la designación de un responsable del sistema interno de información, el cual debe desempeñar su actividad de forma independiente y autónoma sin que pueda recibir instrucciones de ningún tipo.
▶️ ¿Quién gestiona el sistema?
Podrá ser gestionado tanto por la propia entidad como por un tercero externo, siempre y cuando se respeten en todo momento los principios de independencia, confidencialidad, protección de datos y secreto de comunicaciones.
▶️ ¿Cuál es el plazo máximo para dar respuesta?
El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación es de tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación. En el caso de situaciones especiales que requieran de una ampliación del plazo, éste podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.
▶️ Prohibición de represalias.
Están totalmente prohibidas las represalias al informante, incluyendo cualquier acto que suponga un trato desfavorable y que sitúe al trabajador en situación de desventaja frente a otros en el contexto laboral. La protección contra las represalias será de 2 años.
¿A qué empresas les afecta la directiva Whistleblower?
- En el sector privado, estarán obligados a disponer de un sistema interno de información, todas las personas físicas o jurídicas que tengan contratados 50 o más empleados, así como todas las empresas, independientemente de su número de empleados, en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y del medio ambiente. Además, también estarán obligados los partidos políticos, sindicatos, patronales y fundaciones, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
- En cuanto al sector público, todas las entidades que lo integran estarán obligadas.
¿Cuál es el plazo de implantación?
Todas aquellas organizaciones que cuenten entre 50-249 dispondrán hasta el 1 de diciembre de 2023 para implantar el canal de denuncias dentro de su organización. Y, para el resto de las empresas, aquellas que superen los 249 empleados, el plazo baja hasta tres meses desde la entrada en vigor de la normativa con el límite del 13 de junio de 2023.
Sanciones por el incumplimiento de la directiva Whistleblower
La falta de implantación de este canal de denuncias o el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley, conllevarán sanciones de hasta 1.000.000 de euros para las personas jurídicas y de hasta 300.000 euros para las personas físicas. Además de amonestaciones, prohibición de contratar con el sector público, así como la negativa de obtener subvenciones o beneficios fiscales.
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